Sepa La Bola… pero en Paseo de la Reforma, uno de los corredores urbanos más regulados de la Ciudad de México, circulan desde hace semanas vallas móviles con pantallas que reproducen videos publicitarios.
No es un detalle menor: la propia Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México establece restricciones claras sobre el uso de pantallas electrónicas y sobre el contenido que pueden proyectar.
La norma es explícita: las pantallas electrónicas en medios publicitarios no deben transmitir video ni imágenes en movimiento, ni emitir sonido o cambios bruscos de luminosidad; además, deben cumplir límites estrictos de brillo y duración de imágenes para evitar distracciones o riesgos en la vía pública.
El espíritu de la ley es claro: reducir la contaminación visual y, sobre todo, evitar que anuncios luminosos o dinámicos afecten la seguridad vial. Sin embargo, lo que hoy se observa en Reforma parece ignorar esa regulación.
Las vallas móviles con pantallas —que reproducen videos como si se tratara de una televisión gigante— circulan incluso en zonas cercanas al carril exclusivo del Metrobús, un espacio destinado al transporte público masivo y con reglas estrictas de operación.
No se trata solo de estética urbana. Las pantallas en movimiento generan distracción visual para automovilistas y operadores de transporte, un riesgo documentado por especialistas en movilidad y seguridad vial.
El propio Congreso capitalino justificó la regulación de la publicidad exterior señalando que la proliferación desordenada de anuncios puede representar un peligro para la población y para la seguridad en las calles.
La ley también establece que cualquier publicidad instalada en vehículos o infraestructura vinculada al transporte debe contar con permisos específicos y supervisión de las autoridades de movilidad, particularmente de la Secretaría de Movilidad.
Aquí es donde aparece la duda incómoda. Si la ley limita el uso de videos en pantallas publicitarias, si la publicidad móvil requiere permisos y si los corredores como Reforma tienen reglas especiales, ¿quién autorizó estas vallas con video?
¿Existe permiso formal o estamos ante un vacío de supervisión?
Porque cuando una pantalla con anuncios se mueve por una de las avenidas más importantes del país y además invade el entorno del Metrobús, ya no estamos hablando de marketing creativo.
Estamos hablando de legalidad, seguridad vial y uso del espacio público.
Y en una ciudad con leyes claras, lo mínimo que debería existir también es algo igual de claro: responsables.
Y Sepa La Bola, pero el derrumbe del edificio en la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, no solo dejó escombros y tres trabajadores muertos. También exhibió algo más profundo y preocupante: el colapso de la responsabilidad pública en la Ciudad de México.
En lugar de una explicación clara sobre lo que ocurrió, lo que ha surgido es un intercambio de culpas entre autoridades. Por un lado, la alcaldía Cuauhtémoc asegura que negó el permiso de demolición porque la empresa no cumplía con requisitos mínimos de seguridad. Por otro, el gobierno central sostiene que la supervisión de la obra correspondía a la demarcación.
La tragedia, entonces, quedó atrapada entre expedientes administrativos y disputas políticas.
Este tipo de episodios revela un problema estructural de la capital: un sistema de responsabilidades fragmentado donde nadie termina siendo plenamente responsable. En teoría, las demoliciones y obras deben cumplir con dictámenes técnicos, programas de protección civil y supervisión permanente. En la práctica, los procesos se diluyen entre dependencias, permisos cruzados y vacíos de vigilancia.
Cuando ocurre un accidente, como el de San Antonio Abad, la discusión ya no se centra en cómo prevenirlo, sino en quién firmó qué documento y quién debía vigilar a quién.
Y mientras las instituciones se señalan entre sí, las víctimas quedan en segundo plano. Tres trabajadores murieron realizando labores de demolición en un edificio que ya tenía antecedentes de daño estructural tras los sismos de 1985 y 2017. La pregunta esencial no es quién gana el debate político, sino por qué un trabajo de alto riesgo se realizaba sin garantías suficientes.
La Ciudad de México ha vivido demasiadas tragedias ligadas a la construcción: edificios que colapsan, obras irregulares, desarrollos autorizados con lagunas administrativas. Cada caso revela lo mismo: la supervisión llega tarde, cuando ya ocurrió el desastre.
