André Janones no esperó instrucciones, autorizaciones ni recursos de la estructura oficial de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. El diputado brasileño, militante de izquierda perteneciente a Rede Sustentabilidade, un partido distinto al PT, decidió emprender por su cuenta una ofensiva de comunicación digital que terminaría por convertirlo en uno de los personajes más comentados de la elección presidencial de Brasil.
Su diagnóstico era tan sencillo como incómodo para sus compañeros de izquierda: mientras sus adversarios conquistaban la atención pública con mensajes breves, provocadores y respuestas inmediatas, los partidos progresistas seguían atrapados en discursos solemnes, explicaciones interminables y una burocracia incapaz de reaccionar a la velocidad de las redes sociales.
Janones decidió poner a prueba sus ideas. Organizó un ejército digital a través de WhatsApp, convocó a miles de simpatizantes y convirtió a los participantes en distribuidores activos de mensajes políticos. Su canal, Exército do Lula, pasó de unas 60 mil personas a cerca de 11 millones en apenas tres semanas, según las cifras difundidas sobre la campaña. Cada participante podía recibir tareas concretas: compartir videos, responder a los adversarios, impulsar contenidos y multiplicar su alcance.
La iniciativa adquirió tal relevancia durante la contienda que, tras la victoria electoral, Lula lo reconoció públicamente como «nuestro general». El reconocimiento tenía una particularidad: Janones no había llegado ahí por designación de la dirigencia ni por obediencia a la maquinaria partidista. Había identificado una debilidad, construido una alternativa y demostrado su capacidad de movilización.
Pero la aportación más interesante de Janones no se reduce a los millones de seguidores ni a la velocidad de circulación de sus mensajes. Está en una idea que incomoda a las estructuras tradicionales: para comunicar con la ciudadanía, primero hay que comprender su lenguaje, sus preocupaciones y sus formas de participación. No basta con tener razón, disponer de un programa político o repetir consignas desde una tribuna.
El ejemplo mexicano
Veinte años antes, en México, el estratega español Antonio Solá había demostrado el costo electoral de ignorar esa regla. Durante la campaña presidencial de Felipe Calderón, en 2006, contribuyó a instalar una de las frases más recordadas de la política mexicana: «López Obrador, un peligro para México».
La campaña obradorista tardó semanas en responder. El propio Solá sostuvo años después que habían transcurrido alrededor de veinte días antes de que López Obrador articulara una defensa eficaz. Una investigación académica registró 24 días entre el inicio de los ataques televisivos y la primera respuesta publicitaria. Para entonces, la acusación ya había circulado ampliamente y condicionado el debate electoral.
La comparación resulta reveladora. Solá aprovechó la capacidad de los grandes medios para repetir un mensaje hasta instalarlo en la conversación pública. Janones recurrió a millones de ciudadanos conectados entre sí para multiplicar mensajes, intervenir en las discusiones y responder a sus adversarios. Dos estrategias separadas por veinte años de transformaciones tecnológicas, pero unidas por una misma comprensión del tiempo político: quien deja pasar demasiado tiempo antes de responder permite que otros definan los términos de la discusión.
En 2006, la televisión todavía ocupaba una posición dominante en la construcción de la agenda política mexicana. Las grandes cadenas decidían qué acontecimientos merecían atención, cuáles serían los personajes centrales y qué interpretaciones alcanzarían a millones de espectadores. Las redes sociales apenas comenzaban a desarrollarse y carecían de la capacidad de movilización que adquirirían años después.
Para 2018, aquella relación de fuerzas había cambiado. La conversación pública ya no dependía exclusivamente de las decisiones editoriales de los grandes medios. Las plataformas digitales permitían cuestionar sus narrativas, producir contenidos alternativos y organizar comunidades capaces de intervenir en las disputas políticas.
La transformación también invirtió una parte del flujo informativo. Durante años, las redes reprodujeron noticias elaboradas por periódicos, estaciones de radio y cadenas de televisión. Hoy, los propios medios tradicionales dedican una parte considerable de su cobertura a los acontecimientos, debates y personajes que surgen en las plataformas digitales.
La ciudadanía dejó de ocupar únicamente el lugar del espectador. Ahora también produce información, distribuye contenidos, cuestiona versiones oficiales y dispone de herramientas para organizarse sin esperar la convocatoria de un partido político o la autorización de una institución.
Y ahí comienza un problema mucho más complejo que ganar una elección: comprender qué sucede cuando esos ciudadanos, capaces de movilizarse para llevar a alguien al poder, descubren que sus gobernantes han dejado de escucharlos.
Una campaña electoral puede conquistar simpatías, modificar tendencias y llevar a un candidato a la victoria. Pero gobernar exige algo más que mantener encendida una maquinaria de propaganda. La comunicación política supone un intercambio permanente entre quienes toman las decisiones y quienes viven sus consecuencias. Cuando ese intercambio se rompe, los ciudadanos encuentran otras maneras de hacerse escuchar.
Catemaco, Morena y MC
En Veracruz, los resultados de las elecciones municipales de 2025 ofrecieron señales que la dirigencia de Morena tendría motivos para examinar con cuidado. Mientras Movimiento Ciudadano pasó de gobernar 18 municipios a conquistar 41, la coalición encabezada por Morena pasó de 103 a 84 ayuntamientos. Es cierto que las alianzas electorales tuvieron una composición distinta: el PT, que había acompañado a Morena y al Verde en 2021, decidió competir por separado en 2025. Pero esa diferencia no es un simple asunto de contabilidad electoral. También revela las fracturas de una alianza política cuyas tensiones han salido a la superficie en más de una ocasión.
Así, el resultado veracruzano plantea dos problemas distintos para Morena: su relación con un electorado que está encontrando alternativas y la estabilidad de sus acuerdos con otras fuerzas políticas. Las diferencias con el PT y el Partido Verde no pueden despacharse como episodios aislados cuando ambos han cuestionado, en distintos momentos, la continuidad de sus alianzas. El crecimiento de Movimiento Ciudadano, la pérdida de municipios de la coalición y las disputas entre antiguos socios merecen una lectura conjunta, más allá de las cifras que cada dirigencia elija celebrar.
Catemaco ofrece un ejemplo particularmente revelador. En las elecciones municipales, Morena perdió el ayuntamiento frente a Movimiento Ciudadano. Pero apenas unos meses después de la llegada de las nuevas autoridades, comenzaron las movilizaciones ciudadanas contra la administración municipal.
El 19 de junio de 2026, habitantes del municipio tomaron el Palacio Municipal para exigir atención a sus demandas, obras públicas y respuestas del alcalde Norberto Eduardo Toscano. El 30 de junio regresaron para reclamar el cumplimiento de una minuta de catorce acuerdos. Las protestas incluyeron denuncias de incumplimientos y señalamientos sobre el comportamiento de las autoridades municipales.
La ciudadanía estaba haciendo política. Se organizaba, exigía cuentas, confrontaba al gobierno y reclamaba respuestas. Y mientras todo eso ocurría, ¿dónde estaba Morena?
Morena supo convertir su inconformidad electoral en una controversia jurídica y llevarla ante los tribunales. Pero cuando los habitantes de Catemaco exigieron obras, servicios y el cumplimiento de los compromisos municipales, ¿dónde quedó esa capacidad de acción política? La función de un partido opositor no se agota en acompañar manifestaciones: también consiste en recoger las demandas ciudadanas, convertirlas en exigencias políticas, llevarlas ante las instancias competentes y reclamar respuestas y soluciones. En Catemaco, fueron los propios ciudadanos quienes asumieron esa tarea, mientras Morena dejó pasar la oportunidad de ejercer una oposición con capacidad de representación y exigencia institucional.
La soberbia del poder también se manifiesta en las dirigencias partidistas que confunden su fuerza electoral con una representación ciudadana garantizada. Las fracturas con sus aliados, el crecimiento de sus adversarios y las demandas sociales que quedan sin respuesta son señales de desgaste que deberían provocar una revisión de sus prácticas políticas. Sin embargo, cuando la conservación de los cargos, las cuotas internas y los acuerdos entre grupos prevalecen sobre la atención a los ciudadanos, los partidos terminan por defender sus estructuras y justificar sus derrotas, en lugar de atender las causas que dicen representar.
Y entonces ocurre algo paradójico: los ciudadanos hacen el trabajo político que los partidos han dejado de hacer. Investigan, denuncian, se organizan, protestan y obligan a sus autoridades a responder.
La ambigüedad francesa
La distancia entre los gobernantes y sus ciudadanos no es una peculiaridad de Catemaco ni de la política mexicana. Basta mirar lo que ocurrió con Palestina para comprender hasta dónde puede llegar la presión de una sociedad que se niega a aceptar las decisiones de sus dirigentes.
Durante casi dos años, las calles de numerosas capitales occidentales se llenaron de manifestantes que exigían detener la devastación de Gaza. Universidades ocupadas, marchas multitudinarias, boicots y movilizaciones que se extendieron de una ciudad a otra fueron elevando el costo político de sostener el respaldo a Israel. Mientras las denuncias por genocidio se acumulaban en los organismos internacionales, la protesta ciudadana dejó de ser un asunto que los gobiernos pudieran despachar con declaraciones diplomáticas.
El cambio fue de tal magnitud que Emmanuel Macron, quien había expresado su respaldo a Israel después del 7 de octubre de 2023, terminó enfrentado con Benjamín Netanyahu. El 22 de septiembre de 2025, desde la tribuna de Naciones Unidas, Francia reconoció al Estado palestino. El presidente francés reclamó el fin de los bombardeos, las masacres y el desplazamiento de la población de Gaza. No fue un simple cambio de tono: fue una decisión diplomática que Israel rechazó y a la que se sumaron otras potencias occidentales.
Cuatro días después llegó una imagen que habría resultado difícil de imaginar al comienzo de la guerra. Cuando Netanyahu tomó la palabra ante la Asamblea General de la ONU, decenas de delegados abandonaron el recinto. Otros ni siquiera habían acudido. El primer ministro israelí pronunció su discurso ante numerosas butacas vacías, mientras afuera continuaban las protestas. La escena exhibió, ante las cámaras del mundo, el aislamiento diplomático que enfrentaba su gobierno.
Aquella transformación no fue obra exclusiva de las manifestaciones. También intervinieron la catástrofe humanitaria, las denuncias internacionales y los cálculos de las cancillerías. Pero la presión ciudadana había adquirido una dimensión imposible de ignorar.
Y aquí aparece la contradicción: los gobiernos europeos pudieron revisar sus posiciones frente a Israel, pero eso no significó que hubieran aprendido a escuchar a sus propias sociedades.
Hoy, Francia, Bélgica, España, Alemania, Italia y otros países europeos vuelven a registrar movilizaciones. Esta vez, las demandas abarcan salarios, pensiones, vivienda, educación, servicios públicos y el destino de los presupuestos nacionales. En distintas ciudades, los ciudadanos cuestionan que sus gobiernos encuentren recursos para el rearme y los compromisos estratégicos mientras les piden aceptar restricciones y sacrificios en su bienestar cotidiano.
El poder ¿Para qué?
El descontento ya no cabe en una sola bandera ni responde a una única causa. Atraviesa fronteras, generaciones y sectores sociales. Y coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta que las élites políticas parecen incapaces de resolver: ¿quién decide cuáles deben ser las prioridades de una sociedad?
Ésa es una de las expresiones de la soberbia del poder: la pretensión de que una victoria electoral concede a los gobernantes el derecho de establecer las prioridades públicas al margen de quienes deberán soportar sus consecuencias. Los ciudadanos pueden ser recibidos, escuchados y hasta convocados a mesas de diálogo sin que sus demandas alteren una sola decisión. Escuchar se convierte entonces en un trámite, no en un ejercicio de representación.
Porque la democracia no se agota en permitir que la ciudadanía hable. Exige que sus demandas se conviertan en políticas públicas, decisiones presupuestales y acciones de gobierno. De otro modo, la participación ciudadana queda reducida a un ritual que las autoridades administran sin ceder un ápice de poder.
Y eso es lo que vuelve tan revelador el fenómeno: ocurre en Catemaco, en París, en Berlín, en Roma o en Bruselas. No importa el tamaño de la población, la riqueza del país ni la complejidad de sus instituciones. En todas partes aparece la misma disputa: ciudadanos que reclaman intervenir en las decisiones que afectan sus vidas y gobernantes que se resisten a modificar sus prioridades.
La distancia entre un palacio municipal veracruzano y las sedes del poder europeo se acorta cuando sus puertas se llenan de ciudadanos que exigen algo más que ser escuchados: que su voluntad tenga consecuencias en el ejercicio del poder.
Volvamos a Brasil, a André Janones y a la extraordinaria movilización ciudadana que acompañó la victoria de Lula. Su hazaña demuestra cuánto ha cambiado la comunicación política y cuánto poder han adquirido los ciudadanos para intervenir en ella. Pero también deja una lección que trasciende las campañas electorales: la participación popular no puede terminar cuando se cuentan los votos. Debe prolongarse en las decisiones de gobierno, en la distribución de los recursos públicos y en la capacidad de transformar las demandas sociales en políticas concretas.
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió su conferencia de prensa con una sonrisa, celebró el triunfo de Lula y levantó la mano para formar la «L», el símbolo de su victoria.
Como millones de ciudadanos alrededor del mundo, podemos compartir esa alegría y levantar también la «L». La victoria de Lula y la hazaña de Janones son motivos de celebración.
Pero para quienes ejercen el poder, la lección exige algo más que entusiasmo: reconocer que la participación ciudadana no termina en las urnas y que las demandas de la sociedad deben traducirse en decisiones y políticas públicas.
Ojalá la presidenta también haya aprendido la lección.
